Arantxa Sánchez Vicario recibe un nuevo revés judicial que la pone entre las cuerdas

Los problemas con la ley no terminan para Arantxa Sánchez Vicario. La increíble deuda que tenía la extenista con la agencia tributaria fue pagada por un banco español que sostuvo una negociación con una entidad bancaria extranjera. Alrededor de más de cinco millones de euros fue la cifra que se encargó de pagar ese banco extranjero y que la española no cumplió con su parte por lo que se vio afectada por una demanda en su contra un año después de haber cumplido con el proceso.

En esa causa judicial la exdeportista fue condenada en 2013 a pagar la deuda de más de siete millones de euros, una acción que no cumplió tomando ciertos atajos para evadir esta situación que no son del todo legales como asegura ahora la fiscalía.

Para evitar que se ejecutara un embargo Arantxa Sánchez Vicario y quien seguía siendo su esposo en ese momento, Josep Santacana, dieron marcha a un plan para evitar a toda costa que el juzgado ejecutara la sentencia de embargo por lo que decidieron descapitalizarse vaciando las cuentas sin dejar rastro alguno.

Lo mismo hicieron con las propiedades, traspasaron todo el patrimonio y sociedades que manejaba Arantxa Sánchez Vicario con Santacana a una empresa uruguaya. Asimismo, otras cinco personas que colaboraron como testaferros ahora están siendo imputadas por la ley por facilitarles todo este proceso fuera de España.

Debido a toda esta situación la fiscalía pide cuatro años de prisión para la jugadora y su exmarido además de pagar una multa de 8640 euros por alzamiento de bienes e insolvencia punible. De la misma forma la justicia exige a los otros colaboradores de la pareja multas que ascienden a más de siete mil euros y tres años de prisión.

Sin embargo, todo no termina allí porque entre las exigencias Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana deben pagar una indemnización al banco por más de seis millones de euros mientras los otros cinco acusados deben asumir un pago de 12 millones. De la misma forma las empresas involucradas en esta evasión tendrán que indemnizar también a la entidad bancaria con unos 11 millones. Al final terminaran pagando mucho más de lo que en principio debían por intentar una mala jugada que de nada les sirvió.